07 Sep Hay datos que interpelan los relatos

Por Cristina D´avolio

Durante años, buena parte de la conversación pública sobre migración se ha construido alrededor de la pregunta “¿cuánto le cuesta a una sociedad recibir a quienes llegan?”.

Quizá los datos estén indicando que también debemos preguntarnos cuánto de esa sociedad funciona gracias a ellos.

España ha alcanzado una relación de 2,5 cotizantes por cada pensionista, el nivel más alto de los últimos 16 años. El crecimiento del empleo extranjero y la incorporación al mercado laboral formal de cientos de miles de personas a través del proceso extraordinario de regularización han contribuido a esa evolución.

A finales de agosto, 3,55 millones de personas extranjeras estaban afiliadas a la Seguridad Social. Solo el proceso de regularización había permitido que cerca de 338.000 personas fueran dadas de alta como trabajadoras.

Cada persona que pasa de trabajar en la informalidad a hacerlo con un contrato entra en un sistema de derechos y obligaciones. Cotiza a la Seguridad Social, contribuye con impuestos y obtiene una protección laboral que antes no tenía.

Esto no significa que la migración resuelva por sí sola desafíos tan complejos como el envejecimiento de la población o la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Significa que las personas migrantes ya forman parte de la respuesta económica, laboral y demográfica de España.

Pero los derechos de las personas migrantes no pueden depender de cuánto producen, una persona migrante no tiene que demostrar que es útil para merecer dignidad, protección o igualdad ante la ley.

Quizá esa sea la conversación que necesitamos. Una que sea capaz de reconocer la contribución de millones de personas sin reducirlas a su contribución. Y que permita hablar de migración desde los datos, pero también desde los derechos.